Comunidades indígenas del Norte del Cauca insisten en ‘’Piloto de Paz’’ para frenar la violencia territorial

El Cauca vive un momento difícil que afecta a las comunidades. En los territorios se siente el aumento de hechos de violencia cometidos por actores armados que presionan los caminos, los resguardos, las zonas rurales y urbanas. Esta situación hace parte de una crisis más amplia que se vive en todo el departamento y que refleja lo que enfrenta el país en medio del conflicto.

La tensión también se relaciona con la ofensiva militar en Vaupés, Caquetá, Norte de Santander y el suroccidente del país. En el Cauca, estas operaciones han golpeado mandos de varias estructuras armadas, y las respuestas de esos grupos recaen sobre la población civil, sobre todo en zonas rurales. Cuando la presión militar aumenta en otros departamentos, la represalia llega al Cauca. En los últimos días, se ha vivido ataques con cilindros bomba en vías principales, combates en zonas rurales y urbanas, y atentados contra estaciones de Policía. Estos hechos muestran que los grupos armados continúan actuando en corredores estratégicos y buscan demostrar control con acciones que mantienen a las comunidades en incertidumbre.

El movimiento indígena ha advertido que esta dinámica deja afectaciones que se sienten todos los días. En los últimos tres años se han registrado 750 casos de reclutamiento de niñas y niños, además de amenazas, asesinatos y desplazamientos. El Observatorio de Derechos Humanos del CRIC ha documentado víctimas en todas las categorías, lo que el movimiento indígena identifica como un proceso de etnocidio que golpea la estructura social, cultural y espiritual de los pueblos.

Frente a esto, las comunidades mantienen una posición clara: rechazar la violencia, defender la vida y exigir justicia. Esta postura se ha expresado en espacios locales, zonales, regionales e internacionales. Para el CRIC, solo un proceso de paz real, con garantías comprobables y compromisos concretos, puede responder a la crisis humanitaria. Esto no implica renunciar al gobierno propio ni al control territorial, que se sostiene incluso después de más de seis décadas de conflicto.

Las autoridades señalan que esta decisión política ha permitido fortalecer estrategias como la formación territorial, la protección comunitaria, las respuestas humanitarias y los procesos impulsados desde los Planes de Vida, autoridades, las comunidades y la Guardia Indígena es una de estas expresiones que han evitado que la guerra avance libremente.

En este contexto, el norte del Cauca ha insistido en fortalecer el piloto de paz como un camino para disminuir la violencia. A comienzos de noviembre, en Toribío, la comunidad alertó sobre un vehículo con explosivos y armamento. La autoridad y la Guardia Indígena actuaron de inmediato, incautaron el material y capturaron a cinco integrantes de la estructura Dagoberto Ramos. Este hecho confirmó que, incluso en medio de la presión armada, se sigue ejerciendo control territorial en el marco de la jurisdicción propia.

Tras este suceso, el resguardo retomó con más fuerza la propuesta del piloto. Las autoridades solicitaron acompañamiento del Gobierno Nacional, pero la Oficina de Paz no ha respondido. Aun así, las comunidades sostienen que la paz no depende únicamente del Estado. Los territorios siguen impulsando la conversa como un mandato comunitario definido en el Cuarto Congreso de Cxhab Wala Kiwe.

Para las comunidades indígenas, dialogar no es ceder. Es abrir un espacio entre quienes piensan distinto, como ha ocurrido históricamente con pueblos afros, campesinos, sectores agroindustriales y, en momentos específicos, con grupos armados. El movimiento indígena diferencia entre diálogo para atender urgencias y acuerdo para compromisos a futuro, como ocurrió en el proceso del Movimiento Quintín Lame.

Hoy existe acompañamiento internacional y procesos paralelos en el departamento, como iniciativas de mujeres y espacios liderados por gobernación y alcaldías. Desde el movimiento indígena se pide que el Gobierno reconozca oficialmente el proceso de diálogo en el norte del Cauca mediante una resolución que permita una conversa legítima desde la autonomía indígena.

Si se concreta un diálogo, las autoridades tienen tres criterios: respeto mutuo, no permitir presiones ni amenazas, y señales claras de reducción del conflicto, como detener asesinatos y evitar el reclutamiento. En Toribío se registran más de 30 asesinatos en lo corrido del 2025, además de intentos constantes de reclutamiento.

Finalmente, las autoridades llaman a fortalecer la familia. Muchos riesgos que enfrentan los jóvenes se originan en la violencia intrafamiliar, el abuso, falta de acompañamiento, dificultades alimentarias y problemas de estudio. La invitación es a fortalecer la vida familiar y comunitaria, porque la armonía empieza en la casa y continúa en el territorio. Solo así se podrá enfrentar la crisis y cuidar la vida frente a las amenazas que golpean al norte del Cauca.