La comunidad de Cerro Tijeras se reúne en Asamblea con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
El 4 de diciembre del 2024, la comunidad del Territorio cerro tijeras en el municipio de Suarez realizó una asamblea para certificar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que la consulta previa solicitada por la afectación de las operaciones de la represa la Salvajina, culmino su proceso después de catorce años de haber sido amparada por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-462A/14 la cual se desarrolló a lo largo de estos años, en 11 comunidades, del área de influencia de la represa habitada por comunidades, Negras-afrodescendientes, Campesinas e Indígenas y que como lo argumenta la empresa Celsia SA Esp no se desarrollaron en el tiempo estipulado por la sentencia debido a las condiciones geográficas y de conflicto armado que aun imperan en este territorio.
Por lo que la comunidad del territorio Cerro Tijeras en su ejercicio de gobernanza y autonomía a construido las garantías y los medios para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que se encuentra llevando a cabo el proceso de evaluación del Plan de Manejo Ambiental ( PMA) en torno a la represa la salvajina, y su área de influencia que afecta a los municipios de Suárez y Morales, pueda desplazarse hasta el territorio para conocer de primera mano las solicitudes de la comunidad ante el impacto que esta generado por más de 30 años, un proyecto que, debido a sus características atípicas y su antigüedad, plantea desafíos significativos en términos de regulación ambiental y social.
Este proceso de consulta que se retrasó significativamente en el tiempo se desarrolla en el marco de la sentencia T-462A/14 y de un relacionamiento interinstitucional que incluye la participación de comunidades indígenas, consejos comunitarios y representantes del Ministerio del Interior.
Los aspectos que se abordaron en los encuentros con las comunidades, durante más de diez años, incluyeron afectaciones a las formas de vida y fuentes de alimentación, el desplazamiento forzado al que fueron algunas de las comunidades afectadas sin participación pública ni planos de reasentamiento y compensación adecuados. la ausencia de evaluación integral y previa de impactos ambientales y sociales, las violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el acceso a salud y educación y la movilidad terrestre y fluvial tras el aislamiento al que fueron algunas comunidades locales como Santa Ana, Las Vadeas y Puretó ubicadas en la parte alta de la represa.
Por lo que la evaluación del PMA es un paso indispensable en el proceso de licenciamiento ambiental, ya que este instrumento técnico define las medidas y acciones para la gestión de impactos ambientales y sociales asociados a la operación del embalse La Salvajina. En este caso, la autoridad ambiental está evaluando el PMA tras haber recibido la protocolización de la consulta previa con las comunidades impactadas, un requisito fundamental para avanzar en el proceso.
El proceso y los desafíos actuales.
La solicitud de evaluación ambiental para este proyecto se radicó en mayo del presente año. Sin embargo, el cronograma inicial de trabajo sufrió modificaciones debido a dificultades de acceso al territorio, que requirieron acuerdos interinstitucionales y la implementación de garantías necesarias para el desarrollo de las actividades de campo. Garantías que han sido nulas e inexistentes por parte del Estado, por lo que la comunidad, en aras de avanzar a construidas rutas asamblearias y en acompañamiento de los Kiwe Thegnas (guardia indígena), retomó el proceso, permitiendo que las visitas técnicas y reuniones comunitarias se realicen en el territorio.
El proyecto en cuestión presenta un carácter singular por varios motivos. En primer lugar, fue desarrollado antes de que las normas ambientales actuales estuvieran plenamente vigentes. En segundo lugar, no cuenta con un instrumento de manejo ambiental previo, lo que ha dificultado el seguimiento y control ambiental desde su inicio.
Por lo que la ANLA está realizando una evaluación exhaustiva que incluye: Revisión de los programas de manejo propuestos: para flora, fauna, agua y otros aspectos ambientales. Inspección de campo: para verificar las condiciones del área de influencia y contrastar la información presentada por la empresa. Recepción de observaciones comunitarias: en reuniones participativas con las comunidades afectadas.
Uno de los aspectos más destacados de esta etapa es el espacio de diálogo y participación con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en el área de influencia del proyecto; es que la ANLA no es la autoridad encargada de dar seguimiento a los acuerdos de consulta previa. Sino de evaluar las medidas ambientales y sociales contenidas en el PMA. Por lo que los acuerdos incumplidos y la vulneración de derechos a las comunidades, es una responsabilidad sobre la que el gobierno y las autoridades estatales deben asumir con responsabilidad.
De igual manera, se destacó la importancia de las observaciones que las comunidades puedan hacer sobre el PMA, ya que estas aportaciones permiten ajustar, mejorar o complementar las medidas propuestas por la empresa. Las serán analizadas por el equipo técnico de la ANLA, que posteriormente emitirá un concepto técnico sobre la viabilidad ambiental, sobre las operaciones del proyecto hidroeléctrico La Salvajina. Asimismo, se recordó que, en caso de requerirse ajustes o complementaciones al PMA, la empresa deberá responder a dichas solicitudes antes de que se emita el acto administrativo correspondiente, el cual formalizará el PMA.
La evaluación e implementación del PMA es un paso crucial para garantizar que el proyecto opere bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y resarcir los impactos que este ha tenido sobre las comunidades afectadas en el área de influencia por más de 30 años de operación. Una vez aprobado, este instrumento permitirá avanzar en la materialización de los acuerdos de consulta previa y establecerá las bases para un seguimiento y control efectivo por parte de las autoridades competentes.
La ANLA reiteró su compromiso con la transparencia y la participación comunitaria durante todo el proceso. También se subrayó la importancia de trabajar conjuntamente para asegurar que el PMA responda adecuadamente a los impactos generados por el proyecto, tanto en el ámbito ambiental como en el social.
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