24 de junio de 2024

Las comunidades de Honduras y Cerro Tijeras se movilizan en torno al reclamo por el incumplimiento de la sentencia T-462A

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En 2014, la Corte determinó conceder la tutela a los derechos fundamentales a la consulta previa, a la libertad de circulación, a la salud y a la educación de los miembros de los resguardos indígenas Honduras y Cerro Tijeras. Asimismo, ordenó a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP – EPSA S.A. ESP culminar la consulta previa en un plazo de seis (6) meses y garantizar verdaderos espacios de consulta y participación a las comunidades indígenas. También ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, al Ministerio del Interior y a las alcaldías de los municipios de Suárez y Morales del departamento del Cauca que acompañen permanentemente el proceso de consulta previa.

Las comunidades de Honduras y Cerro Tijeras se movilizan en torno al reclamo por el incumplimiento de la sentencia T-462A por parte del Estado y las entidades responsables de garantizar el bienestar y los derechos de las comunidades. Esta movilización se dio a partir de la imposibilidad de establecer una mesa de diálogo con los responsables institucionales, quienes en diferentes oportunidades cambiaron la fecha y el lugar para dicho encuentro. Por lo tanto, las comunidades de Suárez y Morales se movilizaron como garantes para el establecimiento de dicho escenario, que se instaló incipientemente en la Secretaría de Infraestructura Departamental del Cauca sin presencia de las entidades responsables, el día 14 de mayo de 2024.

A partir de allí, las comunidades proceden a tomar por vías de hecho la Secretaría de Educación Departamental como reclamo al incumplimiento de los compromisos del Decreto 3000 de 1986, por el cual se crea la Comisión de Supervisión y Evaluación del Plan de Desarrollo Integral de la Región de La Salvajina. Este plan pretendía el desarrollo del acta suscrita el 17 de agosto de 1986 entre representantes del Gobierno y miembros de las comunidades afectadas por la construcción de la represa de La Salvajina en el municipio de Suárez, Cauca, conocida por las comunidades como Acta de 86, y por la vulneración de los derechos a la libre circulación, a la educación y a la salud de las comunidades indígenas, señalados en la sentencia T-462A.

Los compromisos establecidos en el Decreto 3000 de 1986 incluyen la creación de una Comisión de Supervisión y Evaluación del Plan de Desarrollo Integral de la Región de La Salvajina en el departamento del Cauca, la cual tendría como responsabilidad asesorar al Gobierno en la búsqueda, identificación y calificación de las soluciones a los problemas que afectan a los habitantes de la mencionada región, ocasionados por la construcción de la represa de La Salvajina entre 1980 y 1985. Esta comisión estaría integrada por el consejero Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación Nacional, el Gobernador del Departamento, el director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, el Procurador Regional del Cauca, la Asociación Pro-damnificados por la represa de La Salvajina, un delegado de las Comunidades Indígenas, y un delegado de organizaciones diferentes a las anteriores que represente a otras comunidades. Sus funciones incluyen supervisar y velar por el cumplimiento de los acuerdos y proyectos consignados en el acta de 1986, proponer medidas que beneficien el desarrollo de la región y garanticen la asignación de recursos para la solución de los problemas que desmejoren las condiciones de vida de las comunidades, e informar al Gobierno sobre el cumplimiento de los proyectos que se desarrollan en la zona de influencia de la represa de La Salvajina.

En cuanto a lo establecido en el Acta de 1986, diversas entidades públicas nacionales y regionales, así como la CVC, se comprometieron a reparar en alguna medida los daños causados a las comunidades de Cerro Tijeras y Honduras tras la construcción del proyecto de la Central Hidroeléctrica Salvajina. Estas medidas incluían la creación de medios para la movilización de personas y productos, como puentes, taxis acuáticos y botes, la construcción de escuelas con currículos y profesores culturalmente apropiados, la construcción de hospitales y centros de salud, la provisión de servicios públicos como electricidad y acueductos, y el trabajo con la comunidad para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para minería, pesca y reforestación. Todo esto quedó plasmado en un acta firmada el 17 de agosto de 1986, conocida como el Acta del 86.

En la sentencia T-462A, la Corte determinó que el desarrollo normativo de la licencia ambiental ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo, pero se ha mantenido el deber de consultar a la población en general y a las comunidades diferenciadas, como las indígenas, étnicas y afrocolombianas, sobre los cambios o impactos que se generan con la construcción de obras y proyectos. Además, se estableció que en la construcción de megaproyectos que implican la afectación o intervención de recursos naturales, las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar espacios de participación que conduzcan tanto a la realización de diagnósticos de impacto comprensivos como a concertaciones mínimas en las que se vean favorecidos tanto los intereses del proyecto u obra a realizar como los intereses de la comunidad afectada. La participación de la comunidad en el diseño, ejecución y operación de proyectos es un derecho autónomo reconocido por la Constitución Política, y para aquellas comunidades que no son titulares del derecho fundamental a la consulta previa, debe garantizarse por medio de espacios de información y concertación donde se manifieste la opinión de la comunidad que se verá afectada.

La movilización de las comunidades indígenas de Cerro Tijeras y Honduras se debe al incumplimiento de los compromisos del Acta de 1986 tras la construcción del proyecto de la Central Hidroeléctrica Salvajina. Esto ha generado cambios trascendentales en sus vidas debido al desplazamiento y la transformación del entorno al que fueron sometidas. Por ello, se suscribieron compromisos en materia de infraestructura vial, educativa, de salud y de servicios públicos. La ausencia del cumplimiento integral de estos acuerdos ha generado la vulneración de los derechos fundamentales a la libre circulación, a la salud y a la educación de las comunidades indígenas, motivo por el cual deciden movilizarse. La vulneración del derecho a la libre circulación se refleja en el aislamiento al que están sometidas por la falta de vías y caminos transitables entre las propias veredas, lo cual afecta directamente el acceso a los centros educativos para los menores de edad debido a los largos recorridos que deben realizar para llegar a sus escuelas, así como las restricciones de transporte fluvial a través de la represa debido a los estrictos horarios impuestos por la empresa para utilizar las barcazas. En cuanto al derecho a la salud, los centros de salud se encuentran en los municipios, y los que se encuentran en los territorios no cuentan con un funcionamiento continuo ni con la dotación necesaria, responsabilidad principal de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca. Además, existe un abandono evidente de la administración y el mantenimiento de la infraestructura escolar, así como un desconocimiento de los riesgos a los que están sometidos los niños y niñas para llegar a sus colegios, lo que genera deserción escolar. A pesar de que las instituciones educativas fueron construidas en el marco del cumplimiento de los acuerdos de 1986, actualmente no se evidencia ningún mantenimiento de las instalaciones, lo que genera riesgos para la población estudiantil.

En 2014, la Corte determinó conceder la tutela a los derechos fundamentales a la consulta previa, a la libertad de circulación, a la salud y a la educación de los miembros de los resguardos indígenas Honduras y Cerro Tijeras.

Asimismo, ordenó a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP – EPSA S.A. ESP culminar la consulta previa en un plazo de seis (6) meses y garantizar verdaderos espacios de consulta y participación a las comunidades indígenas. También ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, al Ministerio del Interior y a las alcaldías de los municipios de Suárez y Morales del departamento del Cauca que acompañen permanentemente el proceso de consulta previa. Además, ordenó a las Secretarías de Educación y Salud de la Gobernación del departamento del Cauca, en conjunto con los Ministerios de Salud y Educación Nacional, iniciar labores para adecuar los planteles educativos de las veredas de los resguardos Honduras y Cerro Tijeras en un plazo máximo de seis (6) meses. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría delegada de Asuntos Indígenas y la Procuraduría General de la Nación también fueron requeridas para que vigilen el adelantamiento del proceso establecido en la sentencia.

A partir de la Ordenanza de las Altas Cortes, las comunidades del municipio de Suarez y Morales han buscado en diversos momentos un espacio de dialogo con los responsables, quienes a la fecha no han cumplido con lo provisto, situación que en términos jurídicos recluyo con medida de aseguramiento por desacato la actual gobernador del cauca, que quien fungía en su momento come secretario de educación departamental, y que desde el día 14 catorce moviliza a las comunidades en mención, que llegaron al centro histórico de la ciudad de Popayán en busca de respuesta e estas problemáticas que los han afectado por más de 38 Años, situación que los llevo a desplazarse a la vía panamericana en el sector de túnel, municipio de Cajibío en donde bajo presión obligaron a la gobernación departamental a instalar una mesa con la presencia de la comunidad y la zozobra de ser agredidos por la fuerza publica ante los reclamos de cumplimiento de lo pactado hace 38 años y ratificado en el 2014 en la sentencia T-462A.

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