25 de abril de 2024

Para entender la declaración de emergencia humanitaria es necesario comprender los antecedentes de esta crisis que hoy afecta el Norte de Cauca.

La decisión, tomada el sábado 16 de marzo y posteriormente ratificada en asamblea, por las comunidades del municipio de Toribio, frente a las problemáticas que afectan a Cxhab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo), representa para las comunidades una decisión que estaba aplazada desde el 29 de octubre del año 2019, cuando el grupo armando Dagoberto Ramos del EMC cometieron una masacre asesinando a cinco autoridades en el resguardo de Tacueyó.

Es así, como los acontecimientos del 16 de marzo, en el territorio ancestral de Viu beh Kiwe, llevaron a las comunidades a retomar el ejercicio de autoridad como corresponde. Para las comunidades Nasa del Norte del Cauca, este ejercicio de autoridad reside en el seno familiar y no únicamente en las autoridades delegadas que portan la UkA (Bastones de Autoridad), por lo que estas acciones han afectado el equilibrio de la familia, la comunidad y el territorio, por esta razón, se toma la decisión de declararse en emergencia humanitaria en asamblea, en el consejo extraordinario de autoridades Cxhab Wala Kiwe y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.

Ante qué problemáticas y afectaciones se toma esta decisión.

A causa de los hechos sistemáticos de vulneraciones a la vida y el territorio por parte de los actores armados, que se autodenominan disidencias a partir del 2017 y no se acogieron al acuerdo de paz, han agredido a la comunidad, desatando el descontento al secuestrar a un menor de edad en el casco urbano de Toribio, que desencadenó el reclamo de los demás casos de reclutamiento de menores y la desaparición de la comunera de la vereda la Bodega ONEYDA PAVI OPOCUE.

Sumado a los casos que sistemáticamente han sucedido contra la comunidad y que se documentan en los informes de Derechos Humanos de las organizaciones indígenas, las acciones de estos actores según los informes desde el 2019, están catalogadas en homicidios, contaminación del territorio por armas, amenazas a líderes indígenas en riesgo, atentados, disputa del territorio por grupos armados, seguimientos y persecuciones; en  el año 2021, se suma el reclutamiento, el secuestro y la desaparición forzada, y para el 2023 se suma el confinamiento de las comunidades y las retenciones.  

Para este periodo en donde las amenazas hacia la integridad física representa un 39% y los homicidios un 35%, queda claro que las acciones contra la integridad de las comunidades indígenas se ejecutaron en un alto porcentaje, al igual que un crecimiento sistemático de las acciones de estos actores armados, para el 2019, las acciones representaron un 11%, en el 2020 un 16%, 2021 un 22% y para el 2022 y 2023 un 25%, que señala el crecimiento del accionar de estas agrupaciones contra la comunidad, representando por lo menos un total de 2.403 casos en los que los actores armados  actuaron contra la comunidad.

Como resultado de las acciones de control territorial, los grupos armado arremetieron contra la comunidad con ráfagas de fusil, armas de largo alcance en una acción que, como cualquier otra de estos grupos es desmedida y solo pretende el control de las comunidades a través del miedo, dejando como consecuencia herida a la sabedora Carmelina Yule, quien horas después moriría a causa de la gravedad de las heridas en su rostro y hospitalizado a Rodrigo Ul Musicue.

¿Quiénes son los directos responsables?

La disidencia de las FARC en esta región, al mando Alberto Escue y Albeiro Mestizo, alias Zapata, quienes amenazaron y dispararon contra la comunidad que realizaban el control territorial, estos actos cometidos buscan el menoscabo del ejercicio de autonomía comunitaria de los territorios indígenas, en los cuales la autoridad, estaban en su pleno ejercicio de la defensa de la vida e integridad de los menores de edad, “esta acción se debió concretamente a que las familias y la autoridad, estaban reclamando la liberación de un joven, un menor de edad, que había sido secuestrado por este grupo.” Informó la autoridad Uka´wexs, sin embargo, los hechos se desataron cuando la comunidad en su ejercicio les exigió ir hasta el centro poblado del municipio, para establecer un diálogo con este grupo al que se le había llamado en distintas ocasiones a tomar la responsabilidad sobre los homicidios y reclutamiento forzado que han estado vigentes en el territorio por parte de esta organización armada.

Ante la actitud violenta de los armados, a la comunidad se le agotó la paciencia, “Se fueron calentando los ánimos y al ver que no llegaba o no se liberaba a este menor de edad, la comunidad empezó a exigir explicaciones respecto de otros hechos ocurridos anteriormente., a lo cual Alberto, más conocido como Zapata, se negó a dar explicaciones, con argumentos que para nada convencieron a las familias.” expresó un comunero indígena que se encontraba acompañado a la comunidad.

Ya no hay argumento que convenza, la comunidad está cansada y actúo; los armados para no verse comprometidos a ir al casco urbano y asumir sus responsabilidad sobre las desarmonías del territorio, proceden a dispararle a la comunidad a una distancia entre 20 y 50 metros, como lo dan a conocer los testigos presentes en el lugar y como queda evidenciado en los videos registrados que han circulado en las redes sociales a partir de ese momento, mostrando la realidad, que no solo fue una acción de intimidación, sino una agresión directamente contra la comunidad, contra la población civil.

Esta ejercicio se desarrolla en cumplimiento de los mandatos territoriales y constitucionales, que reconocen el pleno derecho de las autoridades y comunidades indígenas ha autogobernarse, siendo esto, lo que les incomoda a los actores armados y organizaciones militares para apoderarse del territorio, pues la comunidad está debidamente representada para el cumplimiento de su deber en torno al cuidado de la vida, ya que “únicamente están cumpliendo con su ejercicio, debidamente representados por los símbolos, la UKA, el bastón de la guardia indígena y comunidad en general,” dado que desde los mandatos naturales se tiene un deber como familias y es el de cumplir las normas naturales, materiales y espirituales.

Porque la comunidad actuó.

Las comunidades indígenas del Norte del Cauca y las comunidades locales del Municipio de Toribio, actuaron porque el reconocimiento jurídico de sus parcialidades está establecido en el ejercicio constitucional y la normativa consuetudinaria de sus territorios, “Eso es lo que otros llaman ley de origen, y eso está recogido y está reconocido, primeramente, en la ley 89 de 1890 y ahora recogido en la constitución política de Colombia y concretamente en el bloque de constitucionalidad”, donde se estipula el derecho a su libre autodeterminación, autonomía en los territorios y parcialidades indígenas, dado que el actuar de las comunidades se hace desde sus prácticas culturales, que les permite ejercer dentro del ámbito territorial, crear sus propias normativas, leyes y aplicar a través de sus propios procedimientos.

Al no depender la comunidad del monopolio de la violencia para su ejercicio, los actores armados se han enfocado en ellos para impedir su libre función como autoridades y establecerse por encima de las comunidades.

“Así que, en el marco de estas competencias, las comunidades, teniendo claro este reconocimiento, estas facultades, ha decidido no aguantar más y ha decidido actuar, es orientación de la comunidad” manifestó la asamblea en Viu beh Kiwe.

Para las comunidades quien porta las armas no defiende la vida, ningún actor armado representa las apuestas políticas de la comunidad. Por eso, han orientado a los Kiwe Thegnas cuidar y observar el territorio, informar a las autoridades, “para defender la vida, especialmente la vida”, como derecho fundamental, ante el impacto de la violencia que en la última década se ha centrado en los niños y mayores, desgarrando el tejido social, la esperanza de ser y permanecer como comunidad.

Por lo que las comunidades señalan ante estas agresiones, “no tenemos más que el valor de la palabra, la fuerza espiritual y el cumplimiento de los mandatos naturales, espirituales y comunitarios. Nosotros nunca hemos dejado de conversar, siempre hemos estado prestos a mantener la vivencia del putx wëya, (dialogar y conversar) del puui pucxs, (cuidar, alimentar) del puui ja’dacx (cuidarse con la comunidad) porque ese es el deber que tenemos nosotros las autoridades con las familias. Y la orientación de la asamblea comunitaria”.

Porque pasa esto en las comunidades del norte del Cauca

Ya lo hemos mencionado en otros momentos, el Norte del Cauca, es un punto estratégico para las economías ilícitas, dado el abandono del estado y de importancia como corredor vial para la movilización militar, quien controla el Norte del Cauca, controla el acceso al pacífico, al centro del país desde el sur del valle, así como el ingreso a la cordillera central por el páramo de las hermosas, al valle del magdalena por el huila y el occidente del Tolima; agregado a los problemas estructurales que hoy le arrebatan la vida a la comunidad, los cuales se tiene que resolver de fondo.

Las comunidades manifiestan de manera clara las problemáticas a las que se han visto sometidos por estos actores, y ante las que no tiene una salida, más que el accionar y rechazar de manera conjunta “la difícil situación que viene aconteciendo en nuestro Municipio, que implica estar ubicado en un entorno en el que nos hemos visto inmersos en conflictos dolorosos y de profundo impacto social y económico donde hemos sido víctimas de desaparición forzada, homicidios, reclutamientos físico y psicológico de nuestros comuneros” por lo que se toma el camino que el rechazo y la acción de la comunidad, e igualmente señalan que la situación económica es un factor de suma importancia a solucionar,  ya que “también inconscientemente por la necesidad económica hemos sido utilizados por diferentes bandos ilegales que se benefician… por interese económicos que generamos los habitantes del municipio a través de los cultivos ilícitos que es el musculo financiero de estos grupos”, es así, como hacen un llamado a la comunidad, a un cambio en la economía y a la intervención institucional, ya que estas problemáticas no solo se solucionan con la intervención militar, sino con un acompañamiento de las instituciones del estado  para garantizar un resolución eficiente a esta problemáticas.

A que conllevo la situación actual del norte del Cauca

1.      Este contexto conllevo a la ruptura de los diálogos de paz en los departamentos del suroccidente y a un aumento de la violencia hacia la comunidad quienes sufrieron una serie de atentados, entre el 16 y 20 de marzo de 2024.

2.     A el señalamiento de las autoridades territoriales, y la amenazas hacia la comunidad de atentar contra la vida de quienes apoye y porte identificaciones alusivas a las organizaciones indígenas, de cabildos, asociaciones y planes de vida.  

3.     Un escalonamiento de las acciones militares en el municipio de Corinto, y los límites entre Santander de Quilichao y Caldono el día 20 de marzo de 2024.

4.     La resolución de las comunidades de dar captura a los responsables directos de los crímenes, como a cualquier grupo ilegal que tome acciones en el territorio, así como la pérdida de los derechos políticos sociales y culturales de quienes apoyan estas organizaciones armadas.

Que se planteado desde las comunidades

1.      Las comunidades han planteado dialogar desde el respeto y la responsabilidad, con los actores armados, siempre y cuando estos asuman su responsabilidad sobre las desarmonías en el territorio.

2.      Que el estado cumpla con su función institucional, para el goce real y efectivo de los demás derechos.

3.     No quedarse a la espera de la institución, sino tomar medidas y acciones que garanticen el cuidado de la comunidad, como lo es el plan minga en resistencia y sus elementos de cuidado físico y cultural, retomando el ejercicio de autoridad desde la Asamblea Comunitaria para salvaguardar la vida y los derechos.

4.     Ante las agresiones perpetradas por parte de grupos armados, realizar control territorial, administrar justicia para los responsables de estas graves transgresiones, y descontaminar el territorio de toda propaganda alusiva a las organizaciones armadas.

5.     Exigir al gobierno el cumplimiento de las medidas jurídicas tomadas en torno a el territorio y la implementación real y eficiente de estas. 

Por: Tejido de Comunicación ACIN.

About Author

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *