25 de abril de 2024

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que todos los colombianos deberían tener garantizado legítimamente. Sin embargo, en Colombia, este acceso sigue siendo un desafío en el país, especialmente para las comunidades indígenas, que además de enfrentar diversas formas de violencia, también luchan constantemente por el acceso a la justicia para su familias, amigos, compañeros y comunidades.

Para comprender mejor esta realidad, en el norte del Cauca, observando los 22 territorios Çxhab Wala Kiwe, las estadísticas que refleja el informe de desarmonías territoriales del año 2023 son alarmantes, ya que existe un total de 636 desarmonías, entendiéndolas como “todas aquellas acciones que se generan en el marco del conflicto armado que vulneran los equilibrios necesarios para que perdure la armonía entre nosotros y nosotras como pueblo nasa y con la madre tierra”, de estas 636 desarmonías 124 son homicidios que ocurrieron en territorios indígenas.

Por lo anterior, se puede observar solo una minúscula parte de las afectaciones  que constantemente asechan a nuestras comunidades, especialmente a los líderes, que sufren las consecuencias de esta violencias a causa del conflicto armado.

En cuanto a lo proceso de investigación sobre violencias a causa del conflicto, es poco probable que se llegue al esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicias para el resarcimiento de las familias víctimas, y esto no solo sucede a nivel del Norte del Cauca, de hecho sucede en todo el país, al existir pocas garantías sobre una justicia social real, existe desconfianza en el país y en las Instituciones. por ejemplo, en un informe elaborado por  el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se identificó que 57% de los colombianos asegura no tener nada de confianza en la justicia, mientras que 38% dice tener solo “algo” de confianza y apenas 6% “mucha” confianza, lo que traduce que a nivel del país no hay garantías reales de acceso a la justicia, por lo que los colombianos desconfían de los procesos jurídicos, sin mencionar es estos poco llega a los territorios indígenas.

En ese sentido, muchas familias han experimentado directamente las dificultades del sistema de justicia colombiano, familias que han estado acompañando constantemente procesos de lucha, que lamentablemente han sido marcadas por la tragedia de un conflicto que no les pertenece, que rechazan, por ello luchan en para mitigar todo tipo de violencia, convirtiéndose en defensores de la vida y el territorio, decisión que les ha costado la vida y la tranquilidad, siendo señalados, perseguidos y asesinados, por aquellos que solo ocasionan desarmonías en las comunidades.

El ejercicio de ser líder y “Que la lucha por la vida, no nos signifique la muerte” de personas que solo buscan el bien, como es el caso de Jose Miller Correa, un líder comprometido con su comunidad y con la lucha por la justicia, Miller creció en un entorno amoroso, familiar y comunitario, sin embargo, su niñez también fue marcada por la violencia, perdiendo a su padre a una edad temprana debido a los conflictos armados que existe en el Cauca. A pesar de las dificultades, se unió al movimiento juvenil, él siempre tuvo la esperanza puesta en la juventud, en el cambio y en un futuro más justo y pacífico para todos, en su caminar se destacaba por ser una persona integra, para después ser un líder y defensor de los derechos humanos, buscando incansablemente la paz y la justicia en los territorios, pero la violencia latente en las comunidades indígenas esta siempre asechando y un 14 de marzo de 2022 fue asesinado, truncando cada sueño comunitario, familiar y personal, pues en él la comunidad depositaba su confianza, ya que además de ser querido, él siempre se expresaba de las comunidades con admiración y respeto, Miller que ejercía como Thuthenas de Çxhab Wala Kiwe y representaba a la comunidad Nasa del Norte del Cauca en los escenarios políticos, sociales y culturales, siempre insidia para el bienestar de toda una comunidad, llamando en su ser a la unidad como una herramienta importante para la protección colectiva.

Hoy su ausencia representa un vacío en nuestra comunidad Çxhab Wala Kiwe, representa un vacío en los procesos que lideraba, un vacío enorme en su familia, una familia que ha luchado por encontrar respuestas, por obtener justicia en un sistema que parece estar plagado de corrupción e impunidad, y que no da avances concretos y significativos en la investigación del asesinato de Miller, convirtiéndose en una cifra más de los casos que siguen en la impunidad.

Muchas familias a nivel local, regional y nacional luchan por la justicia para sus familiares que han sido víctimas de un conflicto que solo ha aportado desarmonías, pero el papel del estado en cuanto a garantizar una justicia para todos es dudoso y reprochable, ya que muchas familias se sienten abandonadas por un sistema que debería protegerlos y garantizarles sus derechos, si así responden a un llamado colectivo al esclarecimiento, ¿Cómo actúa la justicia cuando este llamando es individual?, ¿Cuándo solo llama la madre o el padre, o la abuela a quien la guerra le arrebato su hijos y ahora a sus nietos, que reclama en la soledad de esa Colombia olvidada? no podemos ni debemos olvidar aquellos que lucharon por la vida, ni mucho menos a su familias.

Estas situaciones de violencia, no solo es en las comunidades indígenas, también afros y campesinas, que han tenido que perder sus familiares de una u otra manera en diferentes hechos de violencia, se enfrentan a situaciones muy complicada y a la no garantía de justicia, la falta de este derecho que tienen las familias a las que han convertido en víctimas forzosamente.  Por ello, el acceso a la justicia es más que un derecho, para las familias es una necesidad vital, para sanar las heridas causadas por la violencia y la impunidad, es una reparación colectiva, individual y territorial.

El acceso a la justicia lastimosamente se ha vuelto una lucha muy fuerte, deberían existir garantías reales y duraderas, especialmente para las familias que han sufrido pérdidas y daños irreparables debido a la violencia que lamentablemente se ha normalizado en algunas regiones del país, que deja en impunidad muchos casos de violencia que van en aumento; líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y activistas sociales son blanco de amenazas y ataques constantes, de las personas que por temor no ejercen su derecho a la democracia o a la libre expresión, la lista es infinita, son un dato más, mientras que sus agresores rara vez enfrentan consecuencias legales. Esta situación crea un ambiente de miedo y desconfianza, donde la búsqueda de justicia se convierte en una batalla cuesta arriba “Si en el país hay un 94% o 95% de injusticia, yo diría que en el Cauca hay un 100% de injusticia y de impunidad” lo expresa una de las tantas víctimas que ha dejado el conflicto a lo largo de los años, que los ha afectado no solo el ámbito familiar, sino también el colectivo, quedando todas estas situaciones tristemente en la impunidad.

Ante la falta de respuestas del sistema de justicia oficial, las comunidades indígenas han tenido que recurrir a su propia justicia, a la Justicia Propia para buscar soluciones, sin embargo, esta vía se ve obstaculizada por las limitaciones impuestas por un contexto de violencia y conflicto constante, y por una falta de condiciones para la búsqueda de la armonía y el esclarecimiento de todas las afectaciones sufridas en los territorios.

En las comunidades indígenas existe una jurisdicción especial que se ha ido caminando, hilando y tejiendo, teniendo una justicia propia que también investiga casos para brindarles respuestas a las familias afectadas, pero aun así, las familias expresan que aunque tiene confianza en la justa propia “hay muchos vacíos porque el mismo contexto y las situaciones en que vivimos no permiten que se consolide una dinámica o un ejercicio efectivo de investigación y de aplicación de justicia desde el derecho propio”, no obstante, se ve la resiliencia en las familias, que a pesar de los desafíos se niegan a rendirse.

La familia de Miller, como muchas otras familias siguen luchando, tocando puertas, buscando alianzas y exigiendo justicia, para todas las víctimas de la violencia en Colombia, su valentía y determinación son un testimonio del espíritu de resistencia de las comunidades indígenas frente a la adversidad.

Todas las víctimas son un recordatorio de las injusticias que aún persisten en Colombia, que día a día luchan por encontrar justicias para sus familias, dejándonos un mensajes en sus acciones por encontrar la verdad y la justicia, es el de nunca normalizar la violencia ni mucho menos ser parte de ella.

“Que la lucha por la vida, no nos signifique la muerte” Miller correa.


Por: Tejido de Comunicación ACIN.

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